“El ‘derecho’ al aborto no existe en ningún acuerdo firmado por España”

Jorge Trías y Jesús Poveda, en la Fundación Concordia
04/03/2009 | ALBAdigital

El pretendido ‘derecho’ al aborto que intenta imponer el Gobierno socialista a través de una ley de plazos “no se contempla en ningún acuerdo internacional firmado por España”, señaló el abogado Jorge Trías Sagnier en un un debate sobre el fraude de ley en la vigente legislación, celebrado en la Fundación Concordia, en el que intervinieron también el psiquiatra y dirigente pro vida Jesús Poveda, y el presidente de la Fundación, el eurodiputado español Alejo Vidal-Quadras.
Jorge Trías descalificó las conclusiones de la Subcomisión del aborto que ha tenido lugar en el Parlamento, y manifestó que “jamás he leído algo tan inane, banal, frívolo e injustificado” como ese texto. En su intervención, elogió el Voto particular del Grupo Parlamentario Popular, y coincidió con este voto en que “un ‘derecho’ al aborto, o disfrazado eufemísticamente como derecho a decidir sobre la maternidad o la salud sexual o autonomía reproductiva, no aparece en la Constitución Española de 1978, ni en el Convenio europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, ni en la muy reciente Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000″.
En su opinión, “existe un fraude de ley, sí, pero también de tamaño. A medida que el ser humano es más pequeño, incluso microscópico, se le da menos protección”. Respecto a la constitucionalidad de esta futura ley, si se llegara a aprobar, Trías señaló que “la sentencia 53/85 dejó abierta alguna puerta de la ambigüedad, porque recogió que la vida humana concebida, el ‘nasciturus’, merece protección desde el primer instante y es distinta de la vida de la madre, pero no le dió un carácter absoluto”.
El psiquiatra Jesús Poveda se manifestó favorable a fomentar la “objeción de ciencia”, además de la objeción de conciencia, respecto al aborto, y aseguró que el aborto en España “es sobre todo un gran negocio, teniendo en cuenta que sólo el 2,5% de los más de 112.000 abortos que se efectuaron en España en 2008 tiene lugar en hospitales públicos. El resto, un 97,5 por ciento tiene lugar en centros privados, a una tarifa media de 600 euros. Multipliquen ustedes”, afirmó.
El médico recordó la conocida frase “el que salva a un ser humano, salva a la humanidad”, y reveló que la primera relaciones públicas de la Dator fue quien montó el centro abortista Isadora, donde se puso en marcha una Unidad de Trastornos de Identidad, personal y sexual. A su juicio, existe relación entre ambas cuestiones. El Dr. Poveda valoró también positivamente el Voto particular del PP al Informe de la Subcomisión del aborto -de la que dijo: “fue abortada”-, pero añadió que hay CCAA como Madrid que financian abortos con dinero público, aunque ayuden a madres embarazadas.
El eurodiputado Alejo Vidal-Quadras afirmó “el valor sagrado de la vida humana”, considera la posición ante el aborto “tan trascendental que define a una sociedad”, y enmarcó las políticas abortistas en el marco “de la agenda zapateril de acabar con los fundamentos morales y antropológicos de lo más excelso de la sociedad occidental”. En este sentido, señaló que el partido socialista quiere “acabar con la familia e implantar la ideología de género”. Vidal-Quadras animó a la diputada popular Sandra Moneo, presente en el debate y que ha participado en la Subcomisión del Aborto, a no dejar de lado “el debate ideológico en el Parlamento”, “porque estamos ante un choque de dos concepciones del ser humano, y una de ellas tiene una visión absolutamente materialista y pseudomarxista del hombre”. La diputada Sandra Moneo manifestó entre otras cosas que “podemos perder el debate parlamentario cuando tenga lugar -hasta UPyD se ha manifestado a favor de la ley de plazos-, pero tenemos que ganar el debate social“. Anteriormente, había reiterado su oposición frontal a considerar el aborto como un derecho, tal como subraya el Voto Particular del PP, reiteró que su partido recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional, y apostó por un Plan Nacional de Apoyo a la Maternidad, tal como figura en el Voto Particular.