Un país abortista

El director del Instituto de la Vida de la Universidad Católica de Valencia teme que la nueva legislación propicie que en España se provoquen al año unas 150.000 interrupciones voluntarias del embarazo
05.07.10 - 00:09 -
JUSTO AZNAR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA PROVIDA
España amanece hoy, 5 de julio, como un país abortista. Mejor dicho, más abortista si cabe, pues abortista ya lo era. Con la promulgación de la "Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo", el aborto pasará en nuestro país de ser un delito despenalizado a ser un derecho de la mujer, aunque esto desde un punto de vista jurídico no parece absolutamente correcto, ya que, más bien pasará a ser una práctica, que realizada dentro de ciertas condiciones legales, estará incluida en el derecho de la mujer a la salud, y por tanto se convertirá, se ha convertido ya, en una prestación médica, esto último como médico lo digo con vergüenza, que la mujer tendrá derecho a recibir, es decir, no habrá posibilidad legal de negarle el derecho a abortar. El aborto en sentido estricto no va a pasar a ser un derecho, sino un acto que realizado de acuerdo con lo que la ley estipula, deberá ser facilitado a quien lo demande.
Sin duda, es este 5 de julio un día aciago para nuestro país, pues no hay que olvidar que con la promulgación de esta ley, se abre el negativo portón legal que va a permitir terminar con la vida de un ingente número de niños no nacidos, pues si el pasado año fueron 115.812 las vidas que el aborto segó en España, con la nueva ley se puede, sin temor a exagerar, que se va a pasar la frontera trágica de los 150.000 abortos.
Son muchas las consecuencias negativas que la nueva Ley propicia, pero sin duda, una de las más graves es que con ella se puede crear en nuestro país una corriente educativa social que lleve al ánimo de la gente la idea de que el aborto, por ser legal, pueda ser también moral, lo que oscurecería el juicio negativo que del aborto existe en nuestra sociedad.
Pero aparte de estas consideraciones, la realidad biomédica es que con la nueva ley se va a poder terminar, sin ningún requisito que lo regule, con la vida de seres humanos de hasta 14 semanas, seres humanos como el de nuestra fotografía. Niños no nacidos perfectamente conformados, con la gran mayoría de sus órganos desarrollados, que responden cuando se les trata de lesionar, y sobretodo, que si pudieran hacerlo, lanzarían un grito desesperado a esta sociedad nuestra, y sobretodo a sus padres, para que no los mataran, para que les permitieran vivir. Algo terrible, que hace que difícilmente sea comprensible que nuestros legisladores, seguramente personas sensatas, lo propicien.
Hoy es un día negro en la historia de España, sin duda, uno de los más negros y creo que la sociedad de nuestro país no puede permanecer impasible ante esta avalancha de dolor y muerte.
Pero aun hay más, si como la nueva ley establece en su artículo 15, por causas médicas se va a poder interrumpir el embarazo, es decir, se va a poder abortar hasta la semana 22 de gestación, por ser parte de estos niños ya viables, el aborto pasará en ese caso a ser un infanticidio. Pero si además, como también la ley indica el aborto se va a poder realizar en cualquier momento de la gestación, siempre que exista una grave anomalía del feto, el infanticidio pasará a ser en España una práctica legalizada.
Son muchas más las consideraciones que esta inicua ley sugiere, como es que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento, e incluso sin el conocimiento de sus padres, lo que las va a privar de la ayuda que aquellos que más las quieren les puedan dar en el difícil momento en que se encuentran.
También el que se traspase a los facultativos responsables del caso la decisión final de si esa adolescente embarazada debe o no comunicarlo a sus padres. Es esta una carga moral que el médico responsable no debería en ningún caso asumir. Contra esta decisión se han manifestado en toda España gran parte de los Colegios Profesionales Médicos.
Igualmente se va a dificultar con esta ley el derecho que los sanitarios que pudieran participar en el aborto tienen a la objeción de conciencia, pues al estipular que por escrito deban manifestar su decisión de no participar en ese acto abortivo, por ir en contra de sus principios morales, se está conculcando el derecho a la intimidad que constitucionalmente tienen. Si la administración, por motivos de organización sanitaria debe conocer de qué facultativos dispone para esta práctica, deberían solicitar, no que los médicos objetores lo manifiesten por escrito, sino que los que estén dispuestos a ese acto antimédico que es el aborto lo comuniquen a la administración para que ésta pueda planificar estas prácticas.
Pero sin duda, lo más negativo, la principal y trágica consecuencia de esta ley que hoy se promulga, es que va a propiciar el que se pueda terminar con la vida de un número ingente de seres humanos no nacidos, que, querido lector, tienen tanto derecho como usted y como yo a vivir.
Una última reflexión. Durante el tiempo trascurrido desde que usted inició la lectura de este artículo, seguramente confortablemente acomodado en su casa, en nuestro país se habrán abortado, se habrá terminado con la vida de 7 niños no nacidos, algo execrable, que nos debería hacer reflexionar a usted y a mí, a toda nuestra sociedad, sobre si de alguna forma, por no manifestar públicamente nuestra repulsa a esta inicua ley, podríamos ser copartícipes morales, mudos espectadores, del más nefasto suceso que en España se pueda dar, el que desde hoy 5 de julio se permita matar impunemente a nuestros hijos no nacidos.