La peor ley posible

Editorial ABC 6 de Julio
LA ley que implanta en España el aborto libre entró ayer en vigor, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida si la suspende cautelarmente, como ha pedido el PP en su recurso y como aconseja el sentido común. Las cuestiones jurídicas están, por tanto, planteadas en la sede que corresponde —al margen de la decisión de varias comunidades gobernadas por el PP de obstaculizar la aplicación de una norma que consagra y legitima el asesinato—, porque el aborto libre es, ante todo, una vulneración del derecho constitucional a la vida. Pero sea cual sea la resolución que dicte el TC, esta ley representa un punto de inflexión para la sociedad, en un sentido regresivo y empobrecedor de sus valores. Todos los análisis morales y éticos sobre esta ley, sean a favor o en contra, no deben confundir sobre cuál es el problema de fondo: la banalización de la muerte de un ser humano. Cuando la ministra de Igualdad dijo que no hay base científica para considerar humano a un feto de catorce semanas, asumió el coste de pasar a la historia de la necedad con tal de lanzar el mensaje clave de esta ley, que es la deshumanización del feto. A partir de esta premisa, la eliminación de una «cosa» no humana no debe tener mayor reproche legal ni moral. Sin embargo, la base científica y la simple experiencia cotidiana demuestran que lo que una mujer concibe sólo puede ser un ser humano. La premisa inmoral de negarle humanidad al feto contamina toda la construcción del discurso proabortista, pero explica la falta de escrúpulos con los que este Gobierno se vanagloria de introducir en la sociedad la muerte legal de decenas de miles de seres humanos. Incluso la ministra Aído ha dado un paso más al defender el aborto como un método de planificación familiar para «evitar embarazos no deseados», cuando lo cierto es que el aborto no evita embarazos, sino que los elimina, y que todos los expertos desaconsejan emplear el aborto como método contraconcepctivo.
Esta nueva ley persevera también en la discriminación legal injusta de los enfermos, legitimando la muerte del feto de mala salud, supuesto con innegable sesgo depurador de la raza. Es, en definitiva, una ley de mala intención, que busca el debilitamiento de valores esenciales en toda sociedad, cuales son la vida y la maternidad, y que convierte al Estado en un promotor de abortos, en vez de dar prioridad a la conservación de la vida humana y a una solución positiva de los conflictos que provocan los embarazos no deseados, que es lo que cabe esperar de una sociedad que presume de moderna, asistencial y solidaria.