El Crucifijo y Nuestra Sociedad

Tras las primeras elecciones municipales de 1977, el primer alcalde democrático de Almería, socialista, ordenó al jefe de la Policía municipal que retirara todos los crucifijos de las escuelas de la capital almeriense. Era su primera decisión como alcalde “democrático”. Afortunadamente, el jefe de la policía local se plantó. Argumentó que las escuelas eran competencia del ministerio de Educación -todavía no había sido transferida esta competencia- y que no se movería hasta que no recibiera instrucciones del Ministerio. No pasó nada, pero la anécdota pone en evidencia una cosa: el laicismo radical no ha salido de la chistera particular del presidente del Gobierno, sino que forma parte consustancial del ADN del Partido Socialista Obrero Español.
Por lo tanto, el proyecto que el PSOE ha puesto en marcha para reformar la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 no debería cogernos por sorpresa. So capa de equipar el derecho de los creyentes con el de los no creyentes, es el enésimo intento de expulsar la religión -y, en concreto, la religión católica, la que profesa la inmensa mayoría del pueblo español- de la plaza pública de este país. Desde el Gobierno y durante los últimos días se ha empleado tal cantidad de argumentos falaces para justificar este desafuero que resulta punto menos que imposible intentar desmontarlos todos en el corto espacio de este editorial. Centrémonos, pues, en los principales.
En primer lugar, ¿por qué cuando se habla de equipar los derechos de los creyentes con los de los no creyentes siempre han de salir perdiendo las personas de fe? Aunque solo fuera por una cuestión porcentual -según el CIS, el 76% de los españoles creen y, además, se declaran católicos-, a quienes habría que pedir respeto sería a los no creyentes, quienes, por supuesto, están en el perfecto derecho de ejercer su acto de increencia. Cosa muy distinta es que una minoría -el 24% de la población, sumando no creyentes, ateos y creyentes en otras religiones- pretenda imponer su particular punto de vista al conjunto de la población.
Esto nos lleva al segundo punto. También se ha hablado mucho -tal y como nos ilustra Luis Losada en su artículo de este número- de privatizar la religión. Merece la pena que nos detengamos aquí, pues bajo estos razonamientos pretenden colarnos de rondón una concepción totalmente errónea de lo público y lo privado.
De guiarnos por la vicepresidenta del Gobierno y sus cooperantes, lo público no sería ese espacio propio de las sociedades dotadas de libertad política donde sus ciudadanos expresan libremente aquello que por su misma naturaleza a todos nos resulta común, propio, vinculante (en las sociedades con un 76 % de creyentes, ese “algo” común perfectamente puede ser la religión). Antes bien, el proyecto de Ley de Libertad Religiosa viene a dar por válido que lo público es un espacio de competencia exclusiva del Estado. Es inevitable acordarse aquí de Hobbes y su cara idea de neutralizar cualquier conflicto mediante la creación de un monstruoso Leviatán capaz de usufructuar en exclusiva la libertad política de sus súbditos.
De asumir esta concepción, de facto estaríamos aceptando la monopolización y privatización del espacio público por parte de la maquinaria política estatal puesta peligrosamente al servicio del poder político de turno, lo cual nos lleva al último punto que nos gustaría abordar.
Ciertos sectores del laicismo radical se escudan en una torticera interpretación de nuestra actual Constitución para imponer su particular agenda anticristiana. Hasta que no la cambien, la aconfesionalidad de nuestra Carta Magna significa tanto el rechazo a la imposición de cualquier religión oficial por parte del Estado como la positiva apertura al hecho religioso de los españoles, que en este caso es el católico.
La “neutralidad” de la que hace gala la Constitución de 78 difiere pues enormemente de la “neutralización” del catolicismo que pretenden asociaciones como Escuela laica. Y si a esta “neutralización” -absolutamente inconstitucional- le sumamos la Ley de Igualdad de Trato que la Ley de Libertad Religiosa parece traer debajo del brazo, nos encontramos ante un panorama francamente inquietante: la imposición, mediante una sutil revolución jurídica, de una nueva confesionalidad del Estado. Los dogmas de esta nueva religión secular ya son por todos de sobra conocidos: el relativismo cultural y moral más pavoroso que, entre otras cosas, promueve y exalta las conductas homosexuales entre los menores de edad.
De llevarse a cabo los planes de gabinete del jefe del gobierno, no solo nos encontraríamos ante el puenteo de la libertad religiosa y educativa de los padres, sino ante la conculcación a gran escala por parte de los gobernantes de los más elementales principios de la ley natural, con las funestas consecuencias que estos hechos, cuando se imponen masivamente, traen para la vida de los pueblos.
Aunque en las mentes obnubiladas por el laicismo, cualquier advertencia que trascienda el positivismo jurídico o la ideología parece improbable que surta efecto.



Anexo y comentario al artículo.
La libertad, y desde luego la libertad religiosa, no se ejerce únicamente en nuestras casas, sino que se lleva a la sociedad, se defiende en ella, teniendo la obligación moral, de velar por los más débiles, por aquellos que no se pueden defender, y que necesitan nuestro apoyo. La libertad se injerta en la cultura, y en una apertura igualitaria de oportunidades. Si suprimimos el crucifijo, destruimos el germen de libertad, que dio lugar en Occidente a la creación de las democracias. Por ello los regimenes autoritarios quieren suprimirlo, porque así, consideran será fácil manipular a las gentes, lavando sus conciencias en pro de una falsa libertad e igualitarismo. Abramos los ojos, y sobre todo abramos nuestro corazón solidario a los más necesitados, a aquellos que no saben discernir adecuadamente, para ejercer su libertad, que es en definitiva la libertad de los hijos de Dios, que se lleva a la vida ordinaria, incluso a los actos aparentemente más insignificantes. El auténtico demócrata, abre espacios de libertad para todos, para todas las opciones, y respeta los sentimientos más íntimos del pueblo. Un falso igualitarismo destruye las opciones legítimas y democráticas de todos, no solo de los que no piensan lo que los gobernantes de turno imponen.