Ecuador prepara una ley que prohibirá colegios religiosos, procesiones, vestir con hábito...

Está redactado con ideas de la Ley Religiosa de la II República española. Es decir, persecución contra toda manifestación religiosa.
Actualizado 26 agosto 2011
Nieves San Martín/Zenit
«Los jóvenes católicos españoles llegan a la fe por adhesión, no por tradición»
Un supuesto proyecto que regularía la práctica religiosa en Ecuador, de llevarse a cabo, vetaría toda expresión pública de fe a las Iglesias. El proyecto, difundido en internet, ha sembrado la alarma en católicos y evangélicos del país.

El proyecto de Ley Orgánica de Profesión Religiosa y de la Ética Laica, cuyo autor es Pablo Villagómez Reinel, actual subsecretario de América del Norte y Europa de la Cancillería [Ministerio de Exteriores], plantea una serie de reformas y cambios respecto a la profesión de una confesión religiosa.

El documento, de 99 artículos, escrito entre febrero y junio de este año, a título personal, según su autor, nació de su interés por la religión y el Estado laico. Hay fundadas sospechas de que el proyecto está siendo promovido por el gobierno y hacerlo público es como lanzar un globo sonda a la opinión para ver su reacción.“Nadie del Gobierno me ha pedido que elabore una propuesta de esta naturaleza, es una iniciativa ciento por ciento personal”, subrayó el autor.

Aunque el proyecto no es oficial ni está prevista por ahora su entrada en la Asamblea Nacional, se ha difundido por internet y ha alarmado a algunos sacerdotes que, en sus homilías, han llamado a los fieles a estar alerta ante concepciones “totalitarias y estatistas que pueden atentar contra los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento, expresión y religión”.

El autor dice que envió su proyecto a amigos y sacerdotes para que opinaran. Propone, entre otras cosas, que las entidades religiosas no tengan injerencia en la esfera pública y que el Estado sea neutral frente a las creencias religiosas.

Citó el caso de la reciente polémica entre los Heraldos del Evangelio y los Carmelitas Descalzos en Sucumbíos: “Demuestra por una parte que el hecho religioso es eminentemente privado, cuando se transfiere a la esfera pública se convierte en un hecho político y tiene repercusión en el orden público y en el Estado”.

Dijo también que los derechos y libertades religiosas tienen que practicarse sin alterar la paz ni cohesión social, y sin alterar la moral pública o la seguridad del Estado.

La Iglesia, según Villagómez, ha actuado con autonomía y soberanía paralela al Estado, por eso “se busca con ese proyecto ponerles un freno y restaurar plenamente un Estado democrático de derechos, no de privilegios… evitar que la religión tenga injerencia en la esfera pública y asegurar que el Estado sea neutral en las creencias religiosas”.

Según el embajador, las creencias pueden ser manipuladas con fines políticos por un sacerdote o pastores, y “lo que se trata es de evitar que los entes religiosos puedan tener un fin político, porque están en posición ventajosa para hacer política”.

Respuesta de la Iglesia
Monseñor José Mario Ruiz, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en su columna semanal en un diario ecuatoriano,expuso que el laicismo de este proyecto “es fanático, pretende imponer una religión sin Dios”.

Otro de los puntos que plantea es que no se use el espacio público con fines religiosos. Eso implicaría, según monseñor Ruiz, que las procesiones del Señor del Gran Poder y del Consuelo se suspendan so pena de disolución de la entidad religiosa.

Para Villagómez, estos son espacios de todos, un lugar de pluriculturalidad en donde están creyentes, no creyentes de distintos credos, no puede usarse para el ejercicio de una práctica religiosa determinada porque es privilegiar a ese ente religioso y crear condiciones adecuadas para que los derechos se vulneren. Lo que establece el proyecto es que de alguna manera se pueda regular el espacio público.

En algunos aspectos, esta ley recuerda la constitución de la II República Española de 1931, que trató también de controlar las manifestaciones públicas de la Iglesia, su participación educativa, retirando las subvenciones a las órdenes religiosas de enseñanza, cancelando los subsidios al clero, y prohibiendo a los sacerdotes y religiosos una serie de actividades.

Entre otros artículos polémicos, el proyecto dice que no deben existir colegios católicos. Prohíbe que los sacerdotes vistan y porten los símbolos propios de su misión, fuera de los recintos de culto o privadamente, para evitar la “ostentación de la religión que profesan”, o también veta que participen en el comercio, medios de comunicación, banca, industria y educación.

Según el pastor Hernán Arias, evangélico, el proyecto de ley “descontextualiza el laicismo ecuatoriano, que está enriquecido por la diversidad religiosa, ciudadanos que profesan su fe”.

Según el texto propuesto, un estudiante del colegio salesiano San José, que actualmente es fiscomisional [que recibe también fondos fiscales], no podrá vestir la camiseta del colegio con la imagen de Don Bosco, patrono de los salesianos.

La tradicional procesión de la Virgen de Monserrate, que cada año convoca a miles de fieles a Montecristi, será un acto prohibido. A Julia Lozano, que lleva 25 años participando en la procesión de la Virgen Dolorosa, le parece increíble que se trate de prohibir las procesiones. “¿Cómo piensan evitar que miles de personas que acuden a las procesiones se queden en sus casas? Creo que están mal de la cabeza quienes quieren imponer esta ley”, señaló.

Organizaciones sociales y religiosas sostienen que lo único que se busca es limitar las libertades religiosas. La reacción en contra ha sido general en el país.

Gustavo Luzardo, pastor evangélico, señala que esta ley en su parte medular contiene artículos en los que se centra la antirreligiosidad y propugna el humanismo ateo, antes que a Dios.

Indicó que se trata de llevar la religión al plano privado de forma irrestricta y promueve la apostasía (negación de la fe cristiana o abandono de las creencias).

Luzardo dice que le parece insólito que con esta norma se trate de prohibir la obra evangelizadora especialmente en los niños.

“Este anteproyecto es simplemente eso, un anteproyecto que lo puede elaborar cualquier ateo, filósofo, idealista, comunista, socialista, y toda persona resentida con alguna religión por alguna u otra razón, la tenga o no la tenga”, dijo Luzardo.

Geovanny Mera, sacerdote, párroco de La Dolorosa en Manta, recordó que el Estado y la Iglesia siempre han funcionado autónomamente en democracia, pero cuando se quiere lacerar el derecho de expresar la fe prohibiendo cualquier acto religioso o limitando la promoción de la palabra de Dios, es un atentando contra las libertades del hombre.

“Con esto se quiere imponer la religión del Estado, es decir al imponer el laicismo sobre todas las cosas lo está ubicando como una religión”, expresó.

Añadió que si esta ley se aprobara, la iglesia o cualquier movimiento religioso pasarán a ser los perseguidos del Estado, como ha ocurrido en otras épocas, en varios países, pero básicamente será un atentado contra el derecho a pensar y a expresarse

Julio Páez, líder espiritual del Centro de Teoterapia Integral (Centi), recordó que el derecho a opinar y expresar el pensamiento religioso en forma libre, en todas sus formas y manifestaciones, está contemplado en la Constitución Política del Estado, por eso una ley como esta va en detrimento de la sociedad y la democracia.

El abogado Félix Montiel señaló que este anteproyecto es antirreligioso e inconstitucional y si se lo quiere aplicar, tendría primero que reformarse la Constitución, o llamar al pueblo a una consulta popular.

Sobre la religión, la carta magna de Ecuador dice, en su artículo 66, que “se reconoce y garantizará a las personas”, el “derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”; “el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”; “el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de quienes no profesan religión alguna y favorecerá un ambiente de pluralidad y tolerancia”.

Como se ve, queda garantizado el ejercicio de cualquier religión. No sabemos si el proyecto del embajador Villagómez contempla la posibilidad de vetar una hipotética JMJ como la de Madrid 2011, con su alegre fiesta de la fe por las calles, o prohibir al presidente boliviano Evo Morales, en alguna visita a Ecuador, sus televisados ritos ancestrales dedicados a la Pachamama.